Declaración ante la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional
Al mismo tiempo que la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional se reúne en La Haya, Ecocide Alliance, la Alianza Parlamentaria Internacional Global para el Reconocimiento del Ecocidio, reafirma su apoyo a la propuesta formal hecha por Vanuatu, Fiyi y Samoa para el establecimiento del ecocidio como un crimen independiente en el Estatuto de Roma.
A escala nacional, regional e internacional, la legislación sobre ecocidio es una herramienta crucial para hacer frente a las crisis interconectadas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, amenazas que afectan profundamente al bienestar y a los medios de vida de las personas. La consagración del ecocidio en el derecho internacional hará que los autores respondan penalmente, protegerá los ecosistemas y defenderá los derechos humanos fundamentales que dependen de un medio ambiente sano y resiliente.
Según Marie Toussaint, miembro del Parlamento Europeo y cofundadora de Ecocide Alliance: «La propuesta de Vanuatu, Fiyi y Samoa es un paso crucial hacia el reconocimiento internacional del ecocidio. No es sorprendente que esta iniciativa provenga de países que se encuentran en primera línea de los efectos devastadores del cambio climático. Condenar el ecocidio es una cuestión de justicia social. En todas partes, son los más vulnerables quienes están más expuestos a la contaminación y la destrucción del medio ambiente. La Unión Europea dio un gran paso adelante al condenar los delitos más graves contra la naturaleza en términos y condiciones similares al ecocidio. Ahora, los miembros de la Ecocide Alliance se unen para apoyar esta iniciativa y piden a todos los países que se sumen a ella, como ha hecho recientemente la República Democrática del Congo».
Jojo Mehta, cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional ha declarado: «Esta iniciativa jurídica está cobrando un enorme impulso, y llega justo a tiempo. La creación del crimen internacional de ecocidio obliga a quienes ocupan puestos de responsabilidad superior -altos ejecutivos y responsables políticos- a rendir cuentas por aquellas decisiones que conduzcan a una grave destrucción del medio ambiente. El objetivo principal es la disuasión: el derecho penal crea límites morales y jurídicos poderosos, dejando claro que los niveles extremos de daño son inaceptables. Al establecer consecuencias jurídicas, creamos una barrera que obliga a los responsables de la toma de decisiones a dar prioridad a la seguridad de las personas y del planeta, lo que altera fundamentalmente la forma en que afrontan sus obligaciones. También creamos una vía hacia la justicia para los peores daños que se producen en tiempos de conflicto o en tiempos de paz».
